¡derogar la Ley mordaza, ya!

Cada vez que hace falta tomar las calles para protestar, que la clase trabajadora, los vecinos, cualquiera, de ecologistas a antifascistas, necesita salir a la lucha a exigir sus derechos, ahí está el fantasma de la ley Mordaza para asustar, echar atrás o, caer como un martillo sobre la cabeza de la rebeldía.

Este 30 de junio se cumplieron 9 años de su aprobación. La ley venía a substituir a la de 1992, la famosa “de la patada en la puerta” de Corcuera y Felipe González. Se presentó con la excusa de aliviar de trabajo a los juzgados de lo penal, al convertir las faltas en “infracciones administrativas” y también para luchar contra la multirreincidencia de los delincuentes.

En realidad la ley Mordaza lo que pretendía era aumentar la capacidad de la policía de hacer lo que le de la gana. Lo fundamental que plantea es darle más poderes discrecionales a las Fuerzas de Seguridad. Los delitos de desobediencia, falta de respeto a la autoridad, la presunción de veracidad de los agentes, son instrumentos de intimidación en manos de las fuerzas represivas que han hecho amplio uso de ellos desde la aprobación de la ley. Los juzgados siguen atascados, los delincuentes siguen reincidiendo, pero la policía anda por ahí inflada, confiada en que pueden hacer lo que les de la gana. (es importante aclarar algo, sin embargo. Las multas por difundir imágenes de la policía reprimiendo manifestantes han dado lugar al bulo de que la Ley prohibe fotografiar o grabar a las Fuerzas de Seguridad, lo que no es cierto. Más bien es necesario con objeto de tener pruebas para los posibles juicios posteriores).

Desde su aprobación en 2015 hasta 2023, más de 250.000 personas han sido multadas con arreglo a esta ley. Con ella, la palabra de la policía es por definición la verdad, la carga de la prueba cae sobre el que la contradiga; ni testigos ni videos han sido aceptados como refutaciones de la versión policial en casos escandalosos, como el de Alberto Rodríguez, que perdió su escaño por Podemos de esta forma.

Una ley que pone en riesgo las libertades democráticas

Cuando la ley se aprobó, el Relator de Derechos Humanos de la ONU y Amnesty International la consideraron gravemente atentatoria contra las libertades. Los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez, incluyendo al PSOE, ya hicieron un recurso de inconstitucionalidad en 2015. Pero el Tribunal Constitucional se pronunció a favor de la ley, salvo un detalle, en 2020.

Pedro Sánchez prometió que la iba a derogar en la campaña electoral del 2015. Pero como era de esperar, no lo hizo. La derogación de la ley Mordaza no avanzó porque ERC y EH-Bildu exigían que se eliminen los artículos más lesivos, los que garantizan que la opinión del policía prevalezca sobre la de la ciudadanía (“presunción de veracidad”), los que consagran la impunidad de las Fuerzas de Seguridad a la hora de detener, identificar o reprimir a los que protestan, aparte de la urgencia de prohibir de una vez el uso de bolas de goma, que ya han matado a alguien y lisiado a muchos, y la prohibición de las devoluciones en caliente de inmigrantes. Cosas de sentido común pero por las que Grande-Marlaska, Pedro Sánchez y el PSOE no podían pasar. Tras las elecciones de 2023, Sumar y Podemos han vuelto a pedir la reforma, pero la discusión parlamentaria se ha atascado. Los socios del gobierno registraron la propuesta de eliminar la penalización de los delitos de expresión y opinión que incluye la Ley Mordaza en septiembre de 2023, pero desde entonces continúa el trámite parlamentario, ¡ampliado hasta 12 ocasiones! porque el gobierno de Sánchez, a pesar de sus cinco días de “reflexión” no se atreve a hincarle el diente.

Con las cosas así, el anuncio de la vicepresidenta Yolanda Díaz el 16 de julio de 2024, en el que informa del acuerdo entre Sumar y PSOE para reformar la Ley Mordaza, sin dar detalles específicos, nos hace pensar que se disponen a hacer cambios cosméticos en lugar de derogar la ley; un juego de manos como el que hicieron con la Reforma Laboral.

La Ley, un impulso hacia la fascistización de las Fuerzas de Seguridad del Estado

En 2022, el gobierno de Pedro Sánchez, PSOE e Unidas Podemos presentaron una propuesta de reforma de la Ley. Inmediatamente se encontraron con el frente cerrado de la derecha a favor de la arbitrariedad policial: Ciudadanos, PP y Vox en el parlamento amenazaron con llevar la reforma al tribunal Constitucional y volver a la ley Mordaza en cuanto llegaran al poder. Respondían así a la presión de la policía, que se manifestó multitudinariamente contra la reforma, en defensa de la Ley Mordaza, convocada por la asociación JUSAPOL.

JUSAPOL (Justicia Salarial Policial) es una asociación de policías y guardias civiles que ha conseguido imponerse en ambos cuerpos (1/3 de los policías nacionales han llegado a estar afiliados, JUPOL, el sindicato organizado por JUSAPOL en la Policía Nacional llegó a casi cuadrupicar en votos en las elecciones sindicales de 2019 al SUP, tradicionalmente el sindicato policial mayoritario). En su origen, JUSAPOL fue financiada, dirigida y montada por Ciudadanos, pero con el hundimiento de este chiringuito, ha caído bajo la órbita de Vox. La idea de Ciudadanos era usar las reivindicaciones salariales de la policía para luchar contra Sánchez y el independentismo. Pero el racismo se ha convertido en la columna vertebral de la asociación. Aunque su crisis interna la ha debilitado (el secretario general de JUPOL ha sido destituido por gastarse el dinero del sindicato en cosas personales, el Youtuber que era la cara visible de JUSAPOL afronta varios juicios), JUPOL y la asociación de Guardias Civiles ligada a JUSAPOL se han establecido firmemente en los cuerpos de Seguridad del Estado y prosiguen impunemente sus campañas ultraderechistas y racistas.

Hay que tirar la Ley Mordaza desde la calle

En última instancia, la razón detrás de la Ley Mordaza es la necesidad del estado de reprimir las protestas, de atemorizar a los potenciales manifestantes, en una situación de profunda crisis económica que agravaba todas las penalidades que sufre la clase trabajadora. La mejora suave de la situación puede hacer menos apremiante esta necesidad, pero no la elimina. Todo el mundo, y especialmente los gobernantes, saben que estamos al borde de una nueva crisis económica mundial que puede dejar en mantillas a la del 2007-8, una crisis que se abatirá sobre la clase trabajadora, que producirá penalidades sin cuento y que con seguridad provocará un nuevo ascenso de las luchas similar o superior al que vivimos durante la Gran Recesión. Por eso es por lo que el PSOE, quizá el más consciente defensor del capitalismo en España, donde dijo digo dice diego, vuelve a hacer el numerito de la OTAN y se aferra a no derogar la Ley Mordaza, aunque pueda acordar algún cambio cosmético. Pero también es por eso por lo que debemos redoblar la lucha para exigir ¡Derogación ya!