Escrito por: Juan García (miembro de la Coordinadora de Barrios Hartos)
Como ya sabemos de primera mano, estamos sufriendo un deterioro acelerado de la Sanidad Pública, que acompaña al que sufre la Educación Pública, los Servicios Sociales y las Pensiones. En estas líneas pretendemos exponer una visión de los hechos relacionados con el derribo de la Sanidad Pública, que, junto a los demás ataques a nuestras condiciones de vida, se viene recrudeciendo con especial virulencia en los últimos años. No nos detendremos mucho en lo que ya conocemos (listas de espera, citas tardías, colas, condiciones inhumanas en los pasillos de los hospitales, etc).
El objetivo ideal de los poderes económicos que presionan a los Gobiernos consiste en alcanzar un modelo totalmente privado, en el que cada ciudadano consume los servicios en función de sus capacidades económicas, con independencia de la gravedad o afectación de su salud. Obviamente en este modelo, como en todos los aspectos del mercado, habría diferencias abismales en las calidades y las oportunidades de acceso a la «mercancía sanitaria». El animal político que se ha instalado en la presidencia de Argentina, referente de VOX y el PP en el Estado español, lo ha dicho claro: que cada cual pague lo suyo.
También es obvio que este objetivo no puede ser alcanzado de la noche a la mañana, a pesar de sus deseos, precisamente por lo aberrante del planteamiento y la reacción popular que acarrearía. Con otros sectores estratégicos sí lo hicieron de un modo abrupto (incluso llegando al extremo de la chapuza), como fue el caso de Telefónica, Endesa y toda una serie de industrias anteriormente en manos de la SEPI. En el caso de la educación, la sanidad o las pensiones, el proceso es más difícil de llevar a cabo de esta forma, precisamente por la resistencia que opondrá el conjunto de la población afectada. Por esto implementan estrategias y tácticas que se dilatan en el tiempo. En el caso de la educación, con los conciertos, los incentivos y la degradación del sistema público. Con las pensiones, se trata de ir introduciendo progresivamente los planes privados, alargando la edad de jubilación (para mayor merma del acceso de los jóvenes al trabajo), etc. Al fin y al cabo pueden esperar, pues mientras alcanzan y no el objetivo, el terreno se va ganando poco a poco con un coste de lucha de clases menor, y por lo tanto con menos riesgos para la clase dominante. Para ello llevan a cabo un plan perfectamente premeditado acompañado de la debida propaganda ideológica, destinado a deteriorar todo lo posible los servicios públicos buscando su deficiente funcionamiento, única forma de justificar y conseguir la aceptación popular a su paulatina gestión privada.
Las razones de fondo
Esto obedece a la necesidad del capital privado de extender su capacidad de extraer beneficios en áreas a las que hasta ahora tenía un acceso limitado, precisamente por la existencia de una suerte de monopolio en manos públicas, conquistado por las luchas heróicas de los años 70. La inviabilidad económica de un sistema que asola a la sociedad con crisis y guerras, trata de ser superada mediante estos ataques a las conquistas de los trabajadores. Objetivamente para los intereses de las élites privadas los derechos sociales son gastos superfluos, que, en un contexto en que les sobra mano de obra (sobrecualificada además), no tiene sentido mantener. Si alguna vez se vieron obligados a ceder ante la presión de la lucha, el desmontaje empieza en el momento en que desaparece la misma.
Desde Barrios Hartos siempre hemos insistido en el «control obrero» del sector público precisamente como mecanismo de fiscalización y control de los trabajadores frente a las presiones del capital privado. Así lo hacemos cuando reivindicamos la nacionalización de las eléctricas por ejemplo, siendo conscientes de que una nacionalización sin control obrero (más allá de las comisiones de control institucionales) tiende a reintroducir las presiones del capital privado por distintas vías, hasta proclamar e imponer de nuevo la necesidad de la privatización.
En el caso de la sanidad pública, estos poderes llevan a cabo sus movimientos a través del desvío de dinero público a los negocios privados, a través de las llamadas «externalizaciones». La moda en labios de sus voceros es hablar de colaboración «público-privada», cuestión que se reduce a que los impuestos de los trabajadores (quienes los pagamos realmente) van a engordar las capacidades de inversión de los «entes» privados. Modelo que se pretende imponer globalmente, en la Unión Europea a través de los fondos Next-Generation, ayudas y préstamos de obligada aplicación mediante empresas privadas, todo revestido de colaboración público-privada. A lo público sólo le queda la deuda ya que en nuestro caso el Estado español está obligado a reembolsar los importes recibidos de la UE. (o algo así)
No obstante, esta estrategia «paulatina», casi silenciosa que lleva desarrollándose desde hace más de tres décadas con la introducción de las políticas «liberalizadoras», tiene un talón de aquiles y es precisamente el salto cualitativo que se está produciendo como consecuencia de la acumulación de sucesivas embestidas más o menos maquilladas.
Un informe, una ley ,junto a unas palabras mágicas
Como decíamos antes, podemos remontarnos a principios de los 90 para observar el inicio de este plan, cuyo pistoletazo de salida lo dio el conocido como “Informe Abril”, en honor al franquista Fernando Abril Martorell, nombrado por Felipe González para que se pusiera manos a la obra.
Este informe de más de 12 tomos, basándose en las deficiencias del “sistema”, señala como salida “a las muestras de agotamiento del sistema” la mejora de los contratos de concertación con la sanidad privada. Obviamente se estaba señalando que el crecimiento de las demandas de una población con mayor necesidades sanitarias debía ir cubriéndose por la “iniciativa” privada. A la vez se habla de una flexibilización de los contratos del personal, creando sistemas de incentivos basados en ingresos variables. Para que el proceso funcione, la propuesta se corona con una gestión descentralizada y basada en criterios gerenciales. Obviamente, esta fragmentación es el primer paso para proceder al desmontaje del sistema, bajo la premisa de que se hace “para superar su agotamiento”.
Desde luego en el extenso informe hay numerosas medidas suplementarias encaminadas a hacer viable progresivamente el plan central. Algunos ejemplos son las “facturas sombra” (presentar al paciente la factura de los costes de su servicio), la apertura del capítulo “otros ingresos” de las unidades de salud (alquileres de servicios hosteleros, etc).
Por supuesto, cuando se presentó el informe, se armó un revuelo importante y supuestamente quedó “aparcado”. Las críticas de la derecha venían precisamente a afear que el informe era demasiado “socialista” aún. Para el PSOE, en palabras de Blanca García Manzanares, este informe fue “un documento de trabajo serio”. A esto añadió:
“Se trata de superar, señorías, la contraposición público-privado y serenamente, tal como recoge la Ley de Sanidad, dar a los recursos privados el carácter de complementariedad con los instrumentos de homologación, control, inspección, etc”.
Es decir, para el PP se quedaba corto y el PSOE daba por bueno el hueso del informe: la necesidad de ir hacia una colaboración (que no “contraposición”) pública-privada. El PP por supuesto se quedó refunfuñando que era demasiado tímido. Por lo tanto, aunque el informe fue abandonado formalmente, sobre todo por la acción de los sindicatos y la oposición manifestada por Izquierda Unida, desde el cajón en que fue metido siguió operando con toda vitalidad. De hecho, tuvo su traslación legislativa poco más de un lustro más tarde en la ley 15/97 de “Nuevas Formas de Gestión”, aprobada con los votos de PP, CiU, CC, PNV y PSOE. Sólo votaron en contra el BNG e IU. El PSOE declaró que “Esta ley cierra el paso a la privatización de la sanidad” -la frase mágica-; a los hechos nos remitimos.
Hasta tal punto el “informe Abril” proclamaba una agenda a ejecutar que lo que se contiene en dicho documento define básicamente lo que que se está desarrollando: privatizaciones, co-pagos, fragmentación del sistema y sobre todo el enfoque gerencial frente al de la salubridad, fomento de los seguros privados, etc. Todo ello, con los resultados que están a la vista del público en general: pérdida de camas hospitalarias, la precarización de los contratos, falta de personal y recursos en los propios centros, centros de atención, diagnóstico e intervención infrautilizados (cierre de centros en períodos vacacionales, capacidad técnica instalada ociosa,), listas de esperas disparadas, etc.
La ley 15/97 abrió de par en par las puertas a las empresas privadas en la Sanidad Pública. Con ello decayó la posibilidad de supervisar el servicio (como ocurre con todo lo privado, en el que el mercado supuestamente lo regula todo con su sola ayuda).
Algunos recortes de prensa antes de proseguir
El PP andaluz no improvisa, pule lo anterior
Mientras los líderes políticos del PP, como el caso de Bonilla, insisten en que el gasto sanitario alcanza cifras récords, la realidad es incontestable. Lo cual tiene una explicación que oculta en sus rimbombantes declaraciones que radica en la aceleración del proceso de gasto en conciertos y derivaciones a la sanidad privada. Esto supone ni más ni menos que una aplicación a rajatabla de las premisas del cita informe del año 91 y que crea una espiral que retroalimenta las causas que justifican las políticas de destrucción del sistema público de salud esbozadas en él.
No obstante, hay que señalar que el proceso de derivaciones no lo ha inventado Juan Manuel Bonilla. Como se apunta en eldiario.es:
Es decir, la aplicación de las directrices de la “colaboración público-privada” (que “no confrontación”, como se dijo en la comisión por parte del PSOE en el análisis del Informe Abril a principios de los 90) se venía ejecutando con los sucesivos gobiernos anteriores liderados por Chávez, Griñán y Susana Díaz. El PP lo que ha hecho es acelerar y profundizar las medidas a las que se ya se dio acogida. La diferencia es de los ritmos. Obviamente, la derecha en el poder en Andalucía no pierde el tiempo a la hora de satisfacer a los grandes negocios que están detrás de ella.
La clase obrera, compuesta por trabajadores y trabajadoras en activo, parados condenados por el sistema, jubilados, pensionistas y su prole, estamos obligados a tomar conciencia de la gravedad de la situación. Se enmarca, como decíamos al principio, en la crisis del sistema capitalista condenado por la historia pero no resignado. El plan de los capitalistas está trazado claramente. Mientras siguen arrancando plusvalía deteriorando las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la sociedad que conformamos quienes ellos ven como parias sin derechos, dedican algunos dividendos a mantener bien cogidos a los políticos que se prestan a dar sus servicios gratamente (bien pagados por supuesto).
Nuestro deber
Desde los barrios obreros tenemos el deber de armar una respuesta contundente para frenarlos en seco. Tenemos objetivamente la fuerza social suficiente, más incluso que cuando en los 70 la clase obrera se alzó contra el intento de descargar la crisis del 73-74 en las espaldas de las familias trabajadoras. Estas luchas que empezaron siendo defensivas, y que tuvieron lugar en el marco contra los últimos estertores de la dictadura franquista, generaron tanto pánico en la clase dominante que tuvieron que hacer concesiones, para evitar que se pasaran determinadas líneas rojas. Evidentemente el plan funcionó por razones que ahora mismo no viene al caso adentrarse, pero lo que quedó claro es que la fuerza de la clase trabajadora pudo desmontar el intento de pauperizar más aún , además de generar nuevas conquistas (sanidad, educación, pensiones, prestaciones por desempleo, etc). Lo que nos falta ahora mismo para revertir las medidas y ataques que sufrimos está en nuestras manos conseguirlo. Necesitamos rearmar la conciencia que animó aquellas luchas y que generó organización. Esa es la tarea ahora.
Pero en Barrios Hartos ni somos predicadores ni tenemos necesidad de volver a insistir en lo que ya tenemos delante. Sabemos que la consciencia se forma en la lucha, por eso nos declaramos instigadores de la legítima revuelta social, que lejos de ser un fin en sí mismo es una necesidad , un medio para conseguir acabar con un sistema que nos condena a una miseria creciente y reemplazarlo por un modelo en el que la vida digna no sea un derecho en un papel mojado, sino una realidad que necesariamente tiene que pasar por abolir la propiedad privada de los medios de producción que todos los días ponemos en marcha con nuestras manos y nuestras mentes. Este propósito puede ser presentado por los amables (y acomodados) amantes del reformismo, y otras personas resignadas, como desorbitado. Frente a ellos exponemos las barbaridades que estamos padeciendo, que no son ni una ocurrencia de última hora ni están improvisadas. Si ellos tienen sus planes, sus estrategias y sus medios, ¿por qué nosotros vamos a renunciar a nuestras aspiraciones o a ocultarlas? Justamente esa renuncia es la precondición para que estos ataques tengan éxito. Esta batalla que presentamos por las conquistas históricas de la clase trabajadora, que vertebró y aún vertebra la vida en nuestros barrios, debe ser vista como un objetivo central. En ella la lucha por recuperar una sanidad pública, universal, completamente gratuita y de calidad es una cuestión estratégica, no sólo de subsistencia. Por eso renunciamos a la herencia de los intentos de volver vegetariano a un tigre que no conoce más que sus propios instintos. Los resultados de dichos intentos también están a la vista.