BARRIOS HARTOS FELICITA AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA FLORA POR HABER PARALIZADO LOS PLANES PRIVATIZADORES DEL RECTOR
Durante la mañana del lunes 22 de junio, el Sr. Oliva, Rector de la Universidad Pablo de Olavide ha visto estrellarse en el Consejo de Gobierno de la institución su propuesta de “concesión demanial” de las instalaciones de la Flora Tristán a la Fundación Privada Gerón. Tras esta entidad se nutre un destacado conglomerado de empresas dedicadas a la gestión y mantenimiento de Residencias de mayores.
Este resultado no hubiera sido posible sin la movilización decidida de los estudiantes-residentes directamente perjudicados. A todas luces, los planes del principal defensor de esta vía, que ha encontrado además una sólida oposición en el seno del profesorado y distintos departamentos, contaban con un silencio como respuesta al intento de privatización, auspiciado por las fechas de exámenes y el período estival recién comenzado.
Desde esta organización se está participando en apoyo a los residentes y en defensa de uno de los pocos puntos de luz que hay en el Polígono Sur, tras la campaña sistemática de ataque por parte del Ayuntamiento del PP. La lista de agravios es inabordable. Desde el abandono en la limpieza, el alumbrado público y las infraestructuras eléctricas, la anulación de las líneas de autobuses, la negación de la Cabalgata de Reyes para los niños del barrio, incluso la cancelación de los proyectos de la Factoría Cultural, solo por mencionar los más destacados.
El caso del cierre de la Flora Tristán tiene un impacto especialmente crítico (sin que podamos minusvalorar los demás ataques). La Flora es mucho más que una residencia pública, lo que ya de por sí tiene una importancia de máximo nivel dada la situación de los precios de la vivienda. Y lo es porque a lo largo de más de dos décadas, son incontables las experiencias de intervención e integración de los estudiantes con el barrio: desde apoyo educativo a los más jóvenes del barrio hasta proyectos de generación de autoconciencia de dignidad del entorno y sus habitantes, frente a la estigmatización pública constante.
Es obvio, por lo que hemos conocido a lo largo de esta lucha, que a Paco Oliva, como ya todo el mundo conoce, poco o nada le importaba el impacto en el barrio. Para Barrios Hartos esto es una expresión más de lo que llevamos años denunciando, que no es otra cosa que el trato desfavorable de carácter clasista a todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida de los lugares donde se concentra la inmensa mayoría de la clase trabajadora de esta ciudad.
Pero más allá del clasismo institucional que atraviesa a todos los estamentos de las distintas administraciones, en este caso hemos advertido una serie de cuestiones llamativas que queremos contribuir a que se conozcan.
¿Cómo empieza todo?
En realidad los estudiantes son los primeros que observan con extrañeza que las bases para el acceso a la Residencia el año que viene no están publicadas. Esto los pone durante meses en una incertidumbre por desconocimiento de tarifas, condiciones y posibilidades de becas. El punto clave se produce cuando se les prohíbe dejar sus pertenencias y no se les reserva plaza en la residencia en vistas al curso siguiente, como hasta entonces había sido lo habitual.
A partir de aquí empiezan las medias verdades y mentiras completas del Rector. Primero alega, siempre a través de otros representantes del rectorado, que se trata de unas obras urgentes de carácter estructural. Cuando se piden explicaciones no las hay. Cuando se piden informes periciales, se deniegan. Cuando se piden plazos, no se sabe. Cuando se piden reuniones formales con datos no hay posibilidades. Pero sí, para abundar en la confusión, no se hace referencia al calado ni duración de las obras.
Llegado un punto hace un par de semanas, ya se deja caer que quizás el edificio no se pueda abrir en septiembre, pero se sigue diciendo que no se sabe nada. Nadie sabe nada, nadie ha visto ningún informe.
Por otra parte, se conoce que las licitaciones de los concursos públicos de los trabajadores para el mantenimiento del edificio no se han publicado, a pesar de que en septiembre caduca la última adjudicación fechada en 2022 por un período de 4 años. Por lo tanto la incertidumbre se extiende al futuro laboral de la plantilla, compuesta por una docena de trabajadores, todos vecinos del Polígono Sur que trabajan en la residencia, muchos de ellos desde su apertura.
La respuesta de los estudiantes
Rápidamente y a pesar de la adversidad de las fechas, los estudiantes se preparan para dar una batalla con un eje claro: LA FLORA NO SE CIERRA. Aunque la comunicación oficial del Rectorado brilla por su ausencia, el grupo de estudiantes, con el Sindicato de Estudiantes ampliamente presente en la residencia, comienza a exponer públicamente lo que está pasando y anuncian un encierro en las instalaciones que suspende toda actividad no esencial en las mismas.
La certeza de estar enfrentándonos a un ataque a lo público y a los derechos de un barrio entero, lleva a la asamblea del encierro a la convocatoria de una manifestación por el barrio, la cual resulta en un completo éxito, con varios centenares de participantes bajo la consigna principal de “la Flora no se vende, la Flora se defiende”. Rápidamente se unen vecinos y colectivos como las JOC (Juventudes Obreras Cristianas), asociaciones presentes en el barrio, los propios trabajadores de la residencia, nuestra organización interdistritos que cuenta con varios afiliados en el Polígono y representantes de sindicatos y partidos de izquierda.
La postura del Rector, negando todo lo relacionado con el desmantelamiento del proyecto público, se mantiene incluso hasta la mañana del día 17 de junio, en la que se produce un encuentro de la Vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gomez-Ruiz, con diversas asociaciones y ONGs presentes en el barrio. A este encuentro también acudieron las estudiantes de la Flora, aunque no fueron invitadas.
Sin embargo, esa misma tarde nos llega la noticia a la Asamblea de Residentes y movimientos en contra de la privatización, una convocatoria extraordinaria del Rector para aprobar la “concesión demanial” a la entidad “sin ánimo de lucro” Gerón. Como se dijo antes, esta entidad privada se dedica al negocio (bien lucrativo por supuesto) de las residencias privadas de mayores, actividad completamente ajena al Proyecto Flora Tristán.
Esta noticia no ha hecho más que confirmar lo que ya se sabía, que había planes inconfesables, en este caso el chollo del siglo para Gerón, que tiene un amplio historial de colonización de infraestructuras públicas, a través de sus múltiples contactos en las administraciones.
La excusa de las obras
Primero el Rector alude a unas obras urgentes que justifican la evacuación del edificio. Cuando se le piden detalles, lo único que señala es que son unas cifras inabarcables por la UPO y que se conocen desde 2024. Luego pasa a la acción, y ya desvela la verdadera razón del desalojo que no es otra que la concesión a Gerón.
Posteriormente mezcla el asunto de las obras con las dificultades presupuestarias y lo interesante de que una entidad privada se haga cargo del edificio. Es decir, Paco Oliva, que en palabras defiende la UPO y todo lo público, cuando tiene que concretar sólo encuentra una vía que pasa por favorecer a la privada, de lo cual “todo el mundo debería alegrarse”. Es una curiosa forma de defender lo público.
Posteriormente sabemos que la sección sindical de la UGT en la UPO habla de una cantidad concreta para las obras que resulta que tampoco son ciertas, 700.000 euros que no representa ni el 0,6% del presupuesto de la Universidad, un total de 122,3 millones de euros para 2026. Hay que decir que en su comunicado, UGT manifiesta que “si está justificado” se proceda con la operación que denomina colaboración “público-privada”, que en esencia es que lo público se regale a lo privado, para que nos entendamos bien.
Sin embargo, los informes periciales y las valoraciones siguen realmente sin ser entregados para conocimiento y fiscalización pública, en un caso claramente de interés general. La opacidad de nuevo confirma que hay algo que no se quiere que se conozca.
Los días previos al Consejo de Gobierno
Durante los días previos las acciones del encierro se intensifican, así como los contactos con profesores y departamentos, recibiendo una gran cantidad de apoyo a la resistencia ofrecida desde la Residencia, que siempre ha sido el buque insignia de las políticas sociales de la UPO. Destacan los muchos mensajes de docentes escandalizados y alarmados por la propuesta, así como la Presidenta del Colegio de Trabajo Social, Angélica, quié participó en una de las asambleas mostrando todo el apoyo y poniéndose a disposición de las legítimas demandas en defensa de que el proyecto se mantenga bien lejos de las manos privadas.
Toda esta presión ha tenido una repercusión social enorme, incluyendo la difusión en la gran manifestación del pasado viernes 19 de junio, con miles de personas denunciando el rentismo y la dejación de los Gobiernos ante el grave problema habitacional que padecemos la inmensa mayoría de la clase trabajadora.
El esquivo rector ya no se puede poner de perfil
Llegado el 22 de junio, una delegación del encierro, apoyada por varias organizaciones, entre las que nos encontramos, se desplaza a la UPO, a pesar de que el Rector otra vez juega al escondite cambiando a la modalidad online el día anterior a la reunión.
Sin embargo, esta reunión es clave. Su propuesta de “concesión demanial” no prospera. Sin lugar a dudas este desenlace hubiera sido impensable sin la ardua labor de las compañeras ejemplares de la Flora, inagotables y firmes como caracteriza a cualquier miembro de familia trabajadora que conoce lo que cuesta mantener cada conquista.
Estamos sin duda ante la quiebra de un plan que no ha salido bien. Ahora es público y notorio que el Rector ha estado jugando con medias verdades y mentiras completas, ocultando información e incluso amenazando con recortar importantes departamentos de la Universidad.
¿Ahora qué?
Ahora que el Rector ha recogido cable ante una propuesta naufragada, sigue con las amenazas y se reafirma en que la mejor opción era la privatización. Desde luego va a tener muy complicado mantener la impostura de defensor de lo público a partir de este momento.
Se ha constituido una Comisión de Evaluación, con la que el Rector se lava las manos de sus responsabilidades, delegando en dicha comisión los planes a ejecutar durante las próximas semanas para evaluar las condiciones de habitabilidad del inmueble y asegurarlas.
De hecho da por hecho que la Residencia no se va a abrir en septiembre, insistiendo además en que los puestos ya están en peligro, y que por supuesto la única salvación era pasar de una subcontrata de lo público (que ya es una aberración tratándose de puestos de trabajo fijos) a una de lo privado, donde los derechos claramente se sitúan en un escalafón por debajo. Si no que se lo pregunten a las compañeras del Servicio de Asistencia Domiciliaria, donde las empresas hacen de su capa un sayo en cuanto a los derechos laborales, hundiendo todas las condiciones de sus trabajadoras.
Es una clara actitud patronal de chantaje, con pretensiones de dividir a los afectados, obligándolos a elegir entre lo malo y lo peor. O aceptáis, o vais a la calle. Esta asamblea no olvida que no estamos luchando sólo contra el cierre de residencia o su reconversión en otro tipo de proyecto, sino que reivindica el mantenimiento de todos los puestos de trabajo sin excepción. Si en algo hay que ahorrar es precisamente en los gastos de intermediarios que suponen que estos trabajadores no estén contratados directamente por la fundación de la Pablo de Olavide.
Los globos sonda y las cifras «pantalla» se desinflan frente a la movilización
Por otro lado hay que resaltar que los 700.000 euros que anunciaba la UGT que hacían falta para mantener operativo el centro, durante la sesión del Consejo de Gobierno se ha conocido que se rebaja a 420.000 euros, más allá de mejoras que celebraríamos que se hicieran. Esto ya no llega ni al 0,35% del presupuesto.
Sin embargo, a pesar de este llamativo baile de cifras, seguimos sin conocer los detalles en los que se desglosa esta cantidad. Lo que sí hemos sabido es que se han catalogado de muy graves cuestiones como el fallo de las luces de emergencia. Con lo cual, exigimos conocer los extremos que hacen inviable el inicio de curso en la Flora.
Todo por 420.000 euros, ¿es esto serio?
No es ni medio serio que un Rector ponga en peligro un proyecto por una cantidad similar a lo que costó instalar un “palio” en el centro bajo el cual circula el tranvía de Sevilla. O de la renovación de la flota de coches del alcalde y concejales, por una cifra de 650.000 euros. Sí, son cosas distintas, pero hablamos de dinero público y de las tan cacareadas prioridades.
De ser cierto que esta cantidad (recordemos que no es ni un 0,35% del presupuesto) no cabe en los gastos de la UPO, la primera alternativa no puede ser la privatización, que es como se ha presentado el intento de asignación a dedo a Gerón, en un proceso que podría estar manchado de colusión, por ahora en grado de tentativa.
En primer lugar es necesario establecer un debate público sobre el maltrato al que somete la Junta de Andalucía al sistema público universitario, en beneficio de la proliferación de las universidades privadas, a las que se les ha regalado miles de metros de suelo público además de otras ayudas en concepto de ayuda a la “modernización de la enseñanza superior” (por supuesto en manos privadas), y recabar las ayudas correspondientes del Ayuntamiento, quien tiene una clara responsabilidad en la situación del Polígono Sur, y quien debería tener especial sensibilidad ante el cierre de esta importante institución.
Pero es obvio que el Rector ha preferido situar en el centro del debate otros aspectos. Por ejemplo, lo conveniente de la “colaboración público-privada”, o incluso la irresponsabilidad de los estudiantes por no celebrar dicha hoja de ruta en dirección a un claro precipicio que sólo lleva a la destrucción.
La asamblea no se rinde
Ante estos ataques la asamblea está decidida a acudir a todas las instancias en defensa de lo público, y en concreto de la Flora Tristán, como medio habitacional y como proyecto modelo de integración con un barrio que tanto lo necesita.
En concreto ,por lo pronto se va a apelar a todos los movimientos sociales a mantener el encierro como medida de resistencia a los planes que sigue manteniendo el Rector por vías de amenazas de cierre.
A Emvisesa, como empresa municipal con responsabilidades directas en las posibilidades residenciales en Sevilla, para que acuda al rescate de la importante institución.
A la Junta de Andalucía se le va a exigir una respuesta urgente a esta crítica situación destapada por el Rector sólo durante los últimos días, mientras la conocía desde al menos la primera mitad de 2024.
Al Gobierno Central, conociendo la amable disposición de la Junta de Andalucía hacia todo lo público, se le va pedir que intervenga directamente, a través de los diferentes medios que tenga a su alcance, para acudir al rescate de un proyecto clave para un barrio víctima de la exclusión social motivada por años de abandono.
Cada estamento administrativo quedará retratado.
Pero por supuesto, el principal llamamiento será al conjunto de la ciudadanía de Sevilla, comenzando por los vecinos del propio barrio que ya empezado con la recogida de firmas y reuniones informativas. Toda persona consciente de la grave situación en la que se encuentran principalmente la educación y la sanidad públicas, así como a todos aquellos conflictos abiertos en la ciudad para que acudan en defensa de este baluarte de los derechos sociales de la clase trabajadora tienen su casa en la Flora en estos días de lucha.
La victoria de hace escasos meses en Palmete, calle Verdad, donde el Santander quería quedarse con un bloque entero de viviendas y que se saldó con el rescate por el parque público de vivienda, demuestra que, a pesar de todos los argumentos legales y administrativos que en su momento se exhibieron, la lucha es capaz de superar cualquier traba burocrática, más cuando están basadas en oscuros intereses donde lo público y lo privado se entrelazan de forma sumamente opaca.
¿En serio alguien piensa que más de 100 pisos en una residencia pública van a permanecer cerrados mientras cientos de estudiantes claman por una vivienda digna que les permita afrontar sus estudios? Nosotros no lo creemos concebible.
La lucha continúa hasta garantizar que la residencia sigue funcionando.
¡Con la Flora Tristán no se juega!
¡Exigimos cuentas claras y ver los informes detallados!
¡La Flora sigue siendo pública!
Ahora toca garantizar la continuidad de este importante proyecto.
¡LA FLORA SE DEFIENDE!
¡LA FLORA NO SE CIERRA!