Rechazamos y condenamos el proceso abierto hace 7 años contra 18 personas por denunciar la nefasta situación del llamado derecho a la vivienda. Lo consideramos parte de la defensa de los especuladores que juegan con el derecho a disponer de una vivienda digna.

Las personas encausadas se enfrentan a la petición de 77 años de prisión y a multas de 30.000 euros. A ello se suma 22.000 euros en concepto de fianza. Seis de ellos pasaron semanas en prisión preventiva, tras un fallo desproporcionado y absolutamente inesperado por la defensa. Los próximos 17 y 18 de febrero serán juzgados, tras muchos años sufriendo la pena de banquillo a la espera de sentencia. Todo ello es un auténtico atropello a las libertades cada vez más enjauladas en los estrechos márgenes que el Estado deja a la legítima defensa de los derechos, muchos de ellos hoy reducidos a papel mojado .

Falsas imputaciones

Los 18 son acusados de haber irrumpido violentamente en febrero de 2018 en un inmueble de la barriada de Macarena, precisamente donde anteriormente estuvo el Centro Social Autogestionado Casas Viejas, que fue asaltado y cerrado previamente por la policía. El nuevo objetivo que se propusieron los activistas era paliar la falta de vivienda de varias familias, y con ello denunciar de manera pública  la extensión de la pobreza, a manos de los especuladores de siempre.

Los acusados trabajaban en el marco del movimiento por la vivienda que se formó a raíz de la situación desencadenada por la crisis capitalista del 2007-8. Aquella crisis multiplicó los cierres patronales y el paro conllevó la extensión de la precariedad a millones de familias trabajadores y jóvenes, agravando aún más la situación de inaccesibilidad a la vivienda. Los precios astronómicos que alcanzaba la vivienda, y que hoy vuelven a repetirse, quedaron como herencia del boom del ladrillo. Hoy a esta burbuja se suma la de los alquileres espoleados por el negocio de los pisos turísticos. Ya no es solo que la juventud no puede permitirse comprar o alquilar una vivienda, sino que tanto inquilinos como propietarios de clase trabajadora, arrojados al paro o la precariedad, no pueden hacer frente a alquileres ni hipotecas sin caer en la absoluta pobreza. Esto generó entonces, y hoy otra vez, situaciones dramáticas en todo el mundo, y por supuesto en los barrios obreros de Sevilla. Para Barrios Hartos, los hechos concretos que hoy están en los tribunales, responden a una situación de la que los acusados no son responsables. En el banquillo deberían estar sentados los especuladores, auténticos responsables de dejar a millones de personas con el agua al cuello y en situación de miseria tras afrontar los pagos de las infladas hipotecas y alquileres. Son los grandes tenedores, vinculados a la gran banca a la que se le inyectó 65.000 millones de euros de las arcas públicas, quienes han causado un daño social del que nunca han respondido. Fue un gobierno de la derecha el que lo hizo, pero hoy un gobierno que se llama progresista no debería permitir que este dinero, con el que se podría resolver el problema de la vivienda, siga sin ser devuelto. Mucho menos debería permanecer callado ante el atropello que significa el enjuiciamiento de unas personas que pretendieron responder a una situación insoportable y que fue reprimida con extrema violencia. Hoy son acusados en base a una ley mordaza que prometieron derogar.

Llamamiento a la solidaridad

Desde Barrios Hartos se lanza un llamamiento a la solidaridad con la causa que movió a quienes hoy son víctimas de un proceso que busca criminalizar la lucha por las causas justas. Barrios Hartos conoce de primera mano lo que esto significa, habiendo sido víctima de acoso policial y judicial en la lucha por los derechos de las familias de los barrios obreros de Sevilla.

Barrios Hartos insiste en que todos los acusados deben ser absueltos inmediatamente y ser reconocidos públicamente en su justa y necesaria labor. Todos los sectores sociales conscientes de la gravedad de estos hechos están llamados a participar en las concentraciones de solidaridad que se llevarán a cabo los días del juicio.

¡ABSOLUCIÓN YA PARA LOS 18 DE LA MACARENA!

¡No a la criminalización de los movimientos sociales!

¡Medidas contra la crisis de la vivienda, no medidas policiales contra las/os que la enfrentan!