Nota de Prensa
Barrios Hartos denuncia la decisión del alcalde de Sevilla de negar el turno ciudadano en el Pleno municipal previsto para el jueves 18 de diciembre (2025) a varias familias del barrio de Palmete, amenazadas de desahucio de sus viviendas de protección oficial (VPO) por parte del Banco Santander. Es necesario recordar que se trata de un edificio de 11 viviendas donde residen familias, desde hace años, con informes de vulnerabilidad y con 9 menores a su cargo.
Las familias habían solicitado intervenir para exponer públicamente su situación de desamparo y plantear preguntas sobre la política de gestión de las VPO en la ciudad. Sin embargo, el alcalde ha rechazado esta solicitud alegando que se trata de un asunto “particular” y no de interés general, una afirmación tan llamativa como preocupante.
Esta decisión resulta especialmente grave porque no estamos ante un conflicto privado como afirma, sino ante viviendas de protección oficial construidas con dinero público y sujetas a políticas públicas. El acceso a la vivienda es hoy una de las principales preocupaciones sociales en Sevilla, especialmente para las familias trabajadoras y la juventud, y cualquier actuación que afecte al parque de VPO tiene un impacto directo en el conjunto de la ciudadanía.
La negativa a permitir la intervención en el Pleno supone, además, evitar un debate incómodo sobre una operación que sí es reversible por ley. La inmobiliaria del Banco Santander se adjudicó judicialmente un bloque de 11 viviendas por un valor total de 532.117,14 €, una cifra ridícula en comparación con los precios habituales de las promociones de VPO, que oscilan entre los 200.000 y los 350.000 € por vivienda. La Ley 1/2018 reconoce el derecho de tanteo y retracto de la administración pública, que puede ejercerse a través de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla mediante EMVISESA.
Por todo ello, este jueves las familias afectadas, acompañadas por representantes de organizaciones sociales, comparecerán públicamente para informar sobre el estado del caso, aportando documentación, solicitudes de reunión y testimonios que reflejan la incertidumbre y la angustia vividas, especialmente tras unas duras fiestas de final de año estarán marcadas por la amenaza de perder sus hogares.
Barrios Hartos exige que se escuche a los vecinos y que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad en la defensa del derecho a la vivienda, frenando una operación que no sólo deja en el limbo a 11 familias trabajadoras, sino que además agrava la deriva del sector inmobiliario en la ciudad.
