En el día de ayer, viernes 21 de noviembre, Emvisesa publicó en su web, y notificado a los suscriptores de newsletter, que han iniciado negociaciones con el Santander a cuenta del desahucio que lleva ya desde principios de octubre atenazando la vida de 11 familias con 9 menores a su cargo.
Según informan desde Emvisesa, el Santander “le ha dicho” que están dispuestos a aplazar 60 días el lanzamiento, y a negociar su postergación adicional si hiciera falta. La verdad es que a esta hora, los principales afectados no hemos sido notificados. Incluso la misma mañana de ayer, 21 de noviembre, se personó personal del Juzgado en nuestro edificio para notificar a los vecinos que las alegaciones no son tenidas en cuenta por el Juzgado de Instrucción nº 8.
O sea, que estamos ante un caso de que “dicen que dicen”, pero el Juzgado, que es quien tiene la potestad, sigue en las suyas. El Santander, como representante del fondo buitre que hay detrás de todo esto, sigue ninguneando a las familias.
Por todo esto, las familias, organizadas en esta plataforma de lucha vecinal Barrios Hartos, hacemos públicas las siguientes consideraciones, apoyándose en el tejido social de apoyo mutuo:
1/ Los problemas entre una promotora, Emvisesa y Santander no están por encima de nuestro derecho a una vivienda digna. Recordamos y subrayamos que accedimos a nuestros contratos por ser vivienda VPO.
2/ Nuestra reivindicación es quedarnos en nuestras casas, porque no queremos que después de años de incertidumbre y ninguneo todo esto acabe con nuestras vidas en cajas de cartón. Por lo tanto, no necesitamos “alternativas habitacionales”. Nosotros, y nuestros hijos, tenemos casa, en un edificio que además, sin ayuda de nadie, hemos tenido que cuidar por nuestra cuenta.
3/ Emvisesa sabe desde el principio de nuestra situación. Por lo tanto, aunque ahora hagan lo que es su obligación como empresa pública, desmentimos que “no sepan nada hasta hace pocos días”, como nos dijeron el pasado martes. A pesar de todo, y más allá de esto, celebramos y queremos confiar en la buena fé del personal de la empresa pública.
4/ Llevamos años deseando que el pleito se resuelva para que se regularice nuestra situación, a lo que el juez se ha negado una y otra vez, a pesar de los múltiples intentos por nuestra parte de personarnos en el procedimiento.
5/ Por lo tanto, nuestra lucha no cambia de objetivos: nuestras vidas se respetan y de nuestras casas no nos movemos.
6/ Si las instituciones no se ponen al servicio del pueblo, el pueblo solidario está con nosotros, y a ello apelamos, al sentimiento de solidaridad y repulsa a las actividades especulativas de los bancos y fondos buitre de las que somos víctimas por nuestra condición de clase trabajadora.
7/ Lo sabemos, porque nuestro “caso” está vinculado a la situación de millones de personas que sufren la especulación de la que es objeto un derecho elemental como es tener un techo, como principio básico para tener una vida mínimamente digna. Somos familias trabajadoras, no mercancías.
Barrio de Palmete, a 22 de noviembre de 2025.