La estrategia institucional anunciada, buscando “alternativas habitacionales”, benefician al fondo buitre italiano doValue, ligado al banco Santander
Autor: JG
En Palmete, uno de los barrios periféricos de Sevilla más castigados por la precariedad laboral, bajas pensiones y el abandono institucional, se levanta un edificio que nació con una promesa: ser vivienda de protección oficial para familias trabajadoras.
Hoy 11 familias están avisadas de un desahucio previsto para el mes de febrero, aun no constando deuda alguna por impago.
Llevan viviendo, empadronados entre 10 y 12 años, de forma continuada, criando a sus hijos escolarizados en la zona (9 menores). A lo largo de años han estado sufriendo una auténtica tortura dominada por la incertidumbre, a pesar de haber tenido acceso a la vivienda con la convicción de que su carácter de VPO les protegía.
A pesar de todo esto, hace un mes fueron avisadas de su lanzamiento en virtud de la orden por un juez a petición del Banco Santander. El desahucio ha sido provisionalmente parado gracias a la denuncia pública de las familias, apoyadas por sus vecinos y compañeras del movimiento vecinal. También sindicatos como CGT, CCOO y CNT están prestando su apoyo, a través de mensajes y participación en las asambleas que se están organizando.
El Ayuntamiento ha declarado no haber estado al corriente de los hechos hasta entonces, especialmente cuando se tuvo que interrumpir el pleno del pasado 27 de noviembre.
Licencias de obra en 2007, calificación VPO provisional en 2010 y calificación definitiva por 30 años desde 2013. Un total de once viviendas, con garajes y trasteros, repartidos en más de 1.800 metros cuadrados construidos que debían cumplir una función social clara. Y nadie sabía nada… lo cual ha sido desmentido públicamente por organizaciones como la PAH de Sevilla.
La promoción tuvo acceso a más de 344.000 euros en ayudas públicas, a cambio de mantener las viviendas a un precio limitado y con destino tasado. Esto da una evidente dimensión social y política en torno a la vivienda, su función y el desvío de dinero público a bolsillos de los especuladores.
Toda la arquitectura normativa no impidió que, con el paso del tiempo, el edificio haya terminado por ahora en manos de un fondo internacional, adquirido a precio de saldo y convertido en un activo de especulación.
La ejecución hipotecaria donde la protección desapareció
En 2014 se inicia la ejecución hipotecaria del promotor. Lo sorprendente es que, a pesar de que la calificación VPO estaba inscrita como carga real desde 2013, los autos judiciales no mencionan en ningún momento esta condición. Ese vacío no es menor: determina el precio de venta, los límites de transmisión y la obligación de preservar la función social de las viviendas.
Finalmente, el 3 de octubre de 2019, el Juzgado nº 8 adjudica el edificio a Altamira Santander Real Estate —hoy dentro del paraguas del fondo internacional doValue— por 532.117,14 euros, una cifra ridícula, muy por debajo del valor real incluso dentro del precio protegido.
La resolución judicial adjudica el edificio completo por una cifra extraordinariamente reducida. El auto no hace referencia alguna a la condición de VPO que constaba inscrita definitivamente desde 2013, un hecho que parece tan anecdótico como para no merecer ni una mención.
La carga de VPO que sí existía, pero que el juez ignoró y que nadie aplicó
La nota simple del Registro de la Propiedad no deja lugar a dudas: las viviendas están calificadas como Vivienda Protegida, en régimen de alquiler con opción a compra, durante 30 años. Esta era su función declarada.
Las familias, desde hace años llevan intentando hacer valer sus derechos, solicitando asistencia jurídica para personarse en el procedimiento. Todo ello fue ignorado sistemáticamente. Muchas familias no contaban con abogado asignado (aunque lo habían solicitado) y las que lo tenían no fueron oídas. Simplemente el procedimiento iba de otra cosa y claramente estaba enfocado a cerrar la operación de especulación inmobiliaria, con independencia de las personas residentes directamente afectadas y de que todo esto ocurriera en un edificio VPO.
La carga VPO estaba plenamente vigente antes de la subasta y antes de la adjudicación a Altamira. La administración dejó hacer, para el Juez esto era intrascendental.
Documento registral – Calificación VPO por 30 años
Pese a ello, la condición protegida no fue tenida en cuenta en la ejecución judicial.
La existencia de esta anotación registral implica límites jurídicos muy claros. El inmueble no puede venderse a precio libre. La administración tiene derechos preferentes de compra. La función social debe prevalecer sobre cualquier operación financiera. Sin embargo, ninguna de esas garantías se activó.
El negocio para el fondo internacional: comprar barato, esperar y multiplicar valor
Si el edificio se valorara estrictamente según los precios máximos VPO, su importe total superaría el millón de euros. Pero esa cifra solo existe dentro del marco legal, no dentro del funcionamiento real del mercado financiero.
Para un fondo como doValue, un edificio de más de 1.800 m² edificados —viviendas, garajes, trasteros y locales— tiene un valor muy superior a los 2 millones de euros según parámetros de mercado actuales.
Adquirirlo por 532.117 euros significa obtener una plusvalía inmediata sin necesidad de venderlo:
la diferencia entre precio protegido y valor de mercado es la palanca de la especulación.
La ley que debía proteger a las familias… nunca se aplicó
En 2018 entró en vigor en Andalucía la Ley de Tanteo y Retracto en Desahucios, que obliga a bancos y fondos a notificar cualquier transmisión de viviendas ocupadas por familias vulnerables.
El objetivo era evitar exactamente lo que ocurrió en Calle Verdad 54: que un edificio protegido terminara en manos de un fondo de inversión.
El auto de adjudicación a Altamira es de mayo de 2019, es decir, posterior a la entrada en vigor de la ley.
Si la Junta no fue notificada —como todo apunta—, tiene aún hoy el derecho legal de ejercer el retracto administrativo y recuperar el edificio para incorporarlo al parque público.
Pero ese mecanismo, supuestamente defensor de la función social de la vivienda nunca se usó. Queda por despejar si Altamira-Santander cumplió con su obligación de notificar a la Junta de Andalucía la toma de posesión, tal y como la ley impone. Por cierto, si lo hizo, quedará claro que la Consejería de la Vivienda de la Junta, no veía con malos ojos el resultado. Si no lo hizo, la inmobiliaria habría incurrido en faltas graves por cada una de las 11 vivienda que se adjudicó en virtud de lo dictado por el Juzgado. Estas cuantías están claramente tasadas.
La estrategia institucional: alternativas habitacionales que benefician al fondo de inversión
Mientras tanto, la respuesta institucional se ha centrado en “buscar alternativas habitacionales” para las familias que viven en el edificio.
Un enfoque que, aunque se presenta como social, favorece directamente la estrategia especulativa del fondo: un edificio vacío es más valioso, más fácil de vender, más apetecible para futuros movimientos financieros.
En vez de aplicar la ley para preservar la función social del inmueble, la administración facilita involuntariamente el proceso mediante el cual doValue consolida su activo.
La gran paradoja — una ley presentada como escudo social, convertida en una caricatura
La historia de Calle Verdad 54 evidencia una contradicción que atraviesa la política de vivienda en España: la distancia entre la retórica institucional y la realidad material. La Ley de Tanteo y Retracto se exhibe como un símbolo de compromiso con la justicia social, como un escudo diseñado para proteger a quienes viven en la precariedad habitacional. Pero en la práctica queda suspendida en un plano puramente declarativo. No se activa, no se ejecuta y no interrumpe ni corrige las dinámicas que dice limitar.
Mientras tanto, fondos internacionales, bancos y operadores jurídicos continúan actuando con normalidad, como si la norma no existiera. La ley cumple así un papel extraño: no protege; adorna. Decora la fachada de un sistema que promete garantías pero no las despliega.
Y ese adorno no solo tranquiliza conciencias; protege la ficción de un sistema que abandona a los sectores más oprimidos a su suerte. La evidencia está en los datos: indicadores de empobrecimiento creciente entre las clases trabajadoras, pérdida de acceso a la vivienda, y una concentración obscena de poder y recursos en manos del capital financiero, que acumula activos, renta y control territorial a través de mecanismos cada vez más sofisticados. Los barrios se convierten en un terreno de abandono, de desprecio a las condiciones de vida a las familias trabajadoras pero sobre todo en un negocio reluciente.
No es una anomalía, es el funcionamiento de un sistema al servicio del poder
Calle Verdad 54 no es una anomalía. Es un recordatorio de que cada vez más la protección está quedando en simulacro, y la especulación en norma.
Sólo hay que consultar los precios por los que se están ofreciendo VIVIENDAS PROTEGIDAS: 200.000 y hasta 350.000 euros en Sevilla ciudad. La pregunta queda planteada: ¿a quién se está protegiendo? Parece que la respuesta es clara, como también lo es la posición política de este Ayuntamiento, en manos de la derecha cortijera de toda la vida.
En nuestras manos está, especialmente en este caso, situar el foco donde debe estar y no dejarnos desviar hacia posturas asistencialistas que sólo buscan, con una apariencia humanitaria, dejar el terreno despejado a la especulación.
No se trata sólo de no dejar a las familias en la calle. Se trata de frenar el avance que arrasa con todos los derechos que el Estado exhibe con orgullo para por la trastienda dejarlos como una mera declaración más. De esto está plagado el marco juriídico-legal-institucional.